Entre las múltiples modificaciones recién promulgadas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se elimina el requisito de que el Servicio de Suministro Básico (SSB), subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esté obligado a comprar la energía más barata que resulta de subastas inversas junto con Certificados de Energías Limpias. Lo anterior coloca las inversiones en energías renovables en una incertidumbre, pues les sujeta a un criterio diferente al desempeño de las plantas.
Independientemente de la grave afectación a la inversión privada y consecuentemente, a la creación de empleos que está provocando esta reforma, se deja de lado la trascendencia de la función social de las empresas de energías renovables y sanas que están comprometidas con los Derechos Humanos y con ellos a lo que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. De esta forma, el Estado mexicano está violando el contenido del artículo 4º párrafo quinto de la Carta Magna