México, como muchos otros países ricos en recursos naturales, ha sustentado gran parte de su desarrollo económico y social en su riqueza energética. Sin embargo, en épocas recientes el sector petrolero mexicano ha enfrentado la caída de la producción, lo que provocó que para satisfacer la demanda nacional de gas natural, éste se haya tenido que importar a precios superiores de los que costaría producirlo en el país. Aunado a ello, la declinación de la producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos convencionales coloca, como alternativa para ampliar la matriz energética, a los llamados recursos no convencionales; pero, aunque México cuenta con un considerable potencial de este tipo de recursos, carece de la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraerlos de forma competitiva; situación que llevó a nuestro país a justificar la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconfigurar a Petróleos Mexicanos; así como a la Comisión Federal de Electricidad, como empresas productivas del Estado, figura jurídica que es un híbrido entre una empresa privada y una empresa pública, por tanto, sometida tanto al régimen normativo civil como mercantil y administrativo. Estas empresas son las responsables de atender las denominadas áreas estratégicas del país con la posibilidad ahora de contratar a particulares para llevar a cabo sus atribuciones, mediante una gama contractual desarrollada en las leyes secundarias.

En este orden de ideas se ha conformado un grupo de investigación multidisciplinario dirigido al estudio de la geopolítica del sector energético, al régimen jurídico de los recursos energéticos; así como al marco normativo en materia laboral, fiscal, administrativa, ambiental y contractual, entre otras, en congruencia con las actividades de la industria de la energía en todas sus vertientes para identificar el impacto del proceso de transición de estas políticas en los ámbitos económico, social y político, en un contexto global, lo que involucra diversos acuerdos internacionales relativos a la protección de la inversión extranjera directa pero también la protección y garantía de los derechos humanos.