La reforma energética de 2013-2014, avalada constitucionalmente por la mayoría de los congresos estatales, orientada a la apertura a la inversión privada y a la competencia en el sector, es ahora desdeñada por el gobierno electo en 2018. Durante los dos últimos años la política energética se ha enfocado en la autosuficiencia energética, devolviendo preponderancia a las empresas del Estado, Pemex y CFE. Las disrupciones que han surgido entre el marco legal y la nueva política energética dificultan que las inversiones se movilicen para cubrir oportunamente los requerimientos energéticos del país.